SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – Un tribunal de El Salvador ordenó el viernes la captura del ex presidente Alfredo Cristiani en relación con la masacre de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas perpetrada por soldados en 1989.
Los fiscales alegan que Cristiani conocía el plan de los militares para eliminar a los sacerdotes y no hizo nada para impedirlo. En una declaración publicada por la hija de Cristiani, el ex dirigente negó las acusaciones.
“La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos”, dijo Cristiani. “Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que yo nunca hubiera autorizado que se hiciera daño al padre (Ignacio) Ellacuría o a sus hermanos”.
Cristiani y un ex legislador, Rodolfo Parker, habían sido citados al tribunal el martes, pero no se presentaron.
“No queda más que decretar la detención contra esas personas porque no se presentaron al juzgado y no enviaron abogados”, dice la resolución del tribunal.
Cristiani salió de El Salvador en junio de 2021 tras comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos a ex funcionarios del Gobierno. Cuando los fiscales reabrieron el caso de los sacerdotes, su hija, Claudia Cristiani, publicó unas fotos de su padre y dijo que estaban en la tierra del abuelo, es decir, en Italia, pero se desconocía si sigue allí.
La Fiscalía General de El Salvador ha acusado a Cristiani, Parker y a varios ex militares de alto rango de estar detrás de los asesinatos. Una amnistía general aprobada en 1993 durante el gobierno de Cristiani había impedido perseguir a los implicados en crímenes de guerra hasta que fue derogada en 2016.
Los asesinatos durante la guerra civil del país provocaron la indignación internacional.
El 16 de noviembre de 1989, un comando de élite mató a los seis sacerdotes -cinco españoles y un salvadoreño- junto con su ama de llaves y la hija de ésta en la residencia de los sacerdotes. Los asesinos trataron de hacer creer que la masacre había sido perpetrada por guerrilleros de izquierda.
Nueve militares fueron juzgados inicialmente, pero un tribunal absolvió a siete de ellos. Dos oficiales cumplieron penas cortas, pero fueron liberados en 1993 en virtud de la amnistía. Después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la amnistía, un juez ordenó que uno de esos oficiales, el coronel Guillermo Benavides, volviera a la cárcel, donde permanece.
Mientras el caso se estancaba en casa, un tribunal español condenó en 2020 al ex coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano a 133 años por los asesinatos de los sacerdotes. El tribunal calificó la masacre de “terrorismo de Estado” llevado a cabo por poderosos intereses, entre ellos Cristiani, con el objetivo de “mantener sus posiciones de privilegio dentro de las estructuras de poder.”