KUALA LUMPUR, Malasia (AP) – Dos narcotraficantes fueron ahorcados en Singapur el jueves, elevando el número de ejecuciones este año en la ciudad-estado a cuatro, a pesar de los crecientes llamamientos para abolir la pena de muerte.
Los activistas dijeron que el departamento de prisiones entregó las pertenencias y los certificados de defunción del ciudadano malasio Kalwant Singh y del singapurense Norasharee Gous a sus familias tras su ejecución el jueves por la mañana.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos contrarios a la pena de muerte dijeron que las ejecuciones constituían una flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía dijo que Singapur es uno de los cuatro países de los que se sabe que han ejecutado a personas por delitos relacionados con las drogas en los últimos años, lo que va en contra de la tendencia mundial a abolir la pena de muerte.
“La pena de muerte nunca es la solución y nos oponemos a ella incondicionalmente. No hay pruebas de que actúe como único elemento disuasorio de la delincuencia”, ha declarado Emerlynne Gil, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional.
“Instamos a las autoridades de Singapur a que pongan fin inmediatamente a esta última oleada de ahorcamientos y a que impongan una moratoria de las ejecuciones como paso para poner fin a este castigo vergonzoso e inhumano”, ha declarado Gil en un comunicado.
Kalwant, que fue condenado en 2016 por introducir heroína en Singapur, fue el segundo malayo ejecutado en menos de tres meses. A finales de abril, el ahorcamiento de otro malasio provocó una protesta internacional porque se creía que tenía una discapacidad mental.
Kalwant presentó un recurso de última hora en la víspera de su ejecución alegando que era un mero mensajero y que había cooperado con la policía, pero fue rechazado por el máximo tribunal de Singapur, según los activistas.
Los críticos afirman que la pena de muerte en Singapur ha atrapado sobre todo a las mulas de bajo nivel y ha hecho poco para detener a los narcotraficantes y a los sindicatos organizados. Sin embargo, el gobierno de Singapur la defiende como necesaria para proteger a sus ciudadanos y afirma que todos los ejecutados han gozado de las debidas garantías procesales.
Estaba previsto que otros cuatro narcotraficantes, entre ellos otros dos malasios, fueran ahorcados antes, pero sus ejecuciones se retrasaron a la espera de recursos legales.
Human Rights Watch se hizo eco de los llamamientos para que Singapur ponga fin a las ejecuciones por todos los delitos relacionados con las drogas y conmute las condenas de los condenados a muerte.
“Las recientes redadas de drogas en el país muestran lo vacías que son las afirmaciones de Singapur sobre el supuesto efecto disuasorio de estas crueles ejecuciones”, dijo su director adjunto para Asia, Phil Robertson. “Las naciones que participan en el creciente movimiento mundial para abolir la pena de muerte deben denunciar el comportamiento recalcitrante de Singapur y exigir que cesen todas las ejecuciones.”