Los opositores al mandato federal de vacunas buscan una nueva audiencia
NUEVA ORLEANS (AP) – Se ha pedido a un tribunal federal de apelaciones que reconsidere su decisión de permitir a la administración Biden exigir que los empleados federales se vacunen contra el COVID-19.
Un panel de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos anuló el mes pasado un fallo de un tribunal inferior que bloqueaba el mandato y ordenó la desestimación de una demanda que impugnaba la política, que fue ordenada por el presidente Joe Biden en septiembre.
Sin embargo, ese fallo de 2-1 del panel de apelación no entra en vigor hasta el 31 de mayo. El sábado, los opositores al mandato, liderados por un grupo llamado Feds for Medical Freedom, presentaron una petición solicitando que se anule el fallo de abril y que el tribunal completo de 17 miembros escuche nuevos argumentos en el caso.
El lunes, el 5º Circuito pidió al gobierno que respondiera antes del 2 de junio; no estaba claro si el tribunal tomaría alguna medida antes de esa fecha.
Biden emitió una orden el 9 de septiembre para que más de 3,5 millones de trabajadores de la rama ejecutiva federal se sometieran a la vacunación, sin la opción de someterse a pruebas regulares en su lugar, a menos que obtuvieran exenciones médicas o religiosas aprobadas.
El juez de distrito de Estados Unidos Jeffrey Brown, que fue nombrado para el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas por el entonces presidente Donald Trump, emitió una orden judicial a nivel nacional contra el requisito en enero. En ese momento, la Casa Blanca dijo que el 98% de los trabajadores federales ya estaban vacunados.
En febrero, un panel del 5º Circuito se negó a bloquear el fallo de Brown en espera de una apelación. Después de escuchar los argumentos en marzo, un panel diferente dictaminó 2-1 que Brown no tenía jurisdicción en el caso y que los que desafiaban el requisito podrían haber recurrido a recursos administrativos bajo la ley de Servicio Civil.
Los jueces Carl Stewart y James Dennis, ambos nombrados para el tribunal por el presidente demócrata Bill Clinton, estaban en la mayoría. La jueza Rhesa Barksdale, nominada por el presidente republicano George H.W. Bush, disintió, diciendo que la reparación que los demandantes buscaban no entraba en la Ley de Reforma del Servicio Civil citada por la administración.