CIUDAD DE GUATEMALA (AP) – El presidente de Guatemala volvió a nombrar el lunes para un segundo mandato a la fiscal general que Estados Unidos calificó el año pasado como un “actor antidemocrático”, una medida decepcionante para muchos guatemaltecos y gobiernos extranjeros que critican su retroceso en las investigaciones de corrupción.
El presidente Alejandro Giammattei dijo que Consuelo Porras merecía otros cuatro años al frente del cargo.
“Estoy convencido de que la Procuraduría General de la República debe ser una institución independiente”, dijo el mandatario, quien agregó que el proceso de su selección fue transparente.
“Es una decisión soberana”, añadió, en aparente referencia a la presión internacional.
Porras, que estuvo junto a Giammattei en el anuncio, dijo que ella había reforzado la institución, asegurando que actuaba sin prejuicios ni ideologías.
“En el pasado se utilizaba con fines políticos e ideológicos”, dijo Porras.
Los críticos la han acusado de lo contrario: de proteger a personajes políticos, incluido el presidente, de las investigaciones por corrupción.
El lunes, Porras, de 68 años, defendió su trayectoria durante su informe anual. Dijo que, bajo su dirección, la oficina había hecho cumplir las leyes del país y buscado la justicia para todos, sin excepciones.
Porras fue nombrada originalmente en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales. Esta es la primera vez que Guatemala le da a su máximo fiscal un segundo mandato consecutivo.
En agosto de 2019, poco más de un año después del nombramiento de Porras, Morales puso fin a la misión anticorrupción de las Naciones Unidas mientras era investigado. Porras, al menos públicamente, no presionó en defensa de la misión.
A lo largo de 12 años, la misión había apoyado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el desmantelamiento de docenas de redes criminales y, al mismo tiempo, en el desarrollo de su capacidad para manejar casos complejos de corrupción.
Durante su mandato, más de 20 fiscales, jueces y magistrados se han exiliado, por temor a ser procesados en represalia por su trabajo en casos de corrupción.
El año pasado, despidió a Juan Francisco Sandoval, que dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad y que había sido aplaudido por su trabajo. Huyó del país.
El gobierno de Estados Unidos protestó públicamente, calificó a Porras como un actor antidemocrático que socavaba los esfuerzos contra la corrupción y le retiró la visa. Un funcionario del Departamento de Estado dijo entonces que la retirada de Sandoval “contribuye a la percepción de que hay un esfuerzo sistemático en Guatemala para debilitar a quienes luchan contra la corrupción.”
El lunes, Porras describió el trabajo de su oficina contra la corrupción como un precedente, pero no ofreció ninguna explicación sobre cómo.
En los últimos meses, Porras ha sido blanco frecuente de protestas callejeras que expresan un descontento general con el gobierno y piden su destitución.
Juan Pappier, investigador principal de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo el lunes que Porras había bloqueado las investigaciones de corrupción y había llevado a cabo casos sin fundamento contra periodistas, jueces y fiscales.
“Esta decisión es el golpe de muerte a la lucha contra la impunidad en Guatemala”, dijo Pappier. “Si la comunidad internacional no toma medidas multilaterales urgentes, la democracia y el estado de derecho en Guatemala estarán en gran riesgo durante su nuevo mandato como Fiscal General”.