LOS ÁNGELES (AP) – El propietario de una funeraria de Los Ángeles dejó ilegalmente los restos de 11 personas, incluidos bebés, en estado de descomposición y momificación y se enfrenta a más de una década de cárcel, según dijeron los fiscales el viernes.
El fiscal de la ciudad Mike Feuer, cuya oficina sólo puede presentar delitos menores, anunció los cargos el viernes, calificando la situación de “increíblemente triste y chocante” y dijo que los funcionarios podían oler el olor desde el exterior de las instalaciones de San Fernando Valley.
“Once personas murieron, incluyendo niños muy pequeños, y el director de la funeraria contratado para preparar compasivamente los cuerpos para el entierro supuestamente sólo los dejó pudrirse, sin la decencia ni la dignidad que todos nuestros seres queridos merecen”, dijo Feuer en un comunicado. “Sus muertes son una tragedia, y este supuesto maltrato monstruoso es una segunda tragedia”.
Las funerarias que maltratan los restos humanos han sido noticia durante años. Las regulaciones de las funerarias varían a lo largo de Estados Unidos, con algunos estados que requieren inspecciones anuales y varios que no requieren ninguna inspección.
En uno de los casos más extremos, en 2002 se encontraron más de 330 cadáveres en descomposición en el crematorio Tri-State, cerca de la pequeña comunidad de Noble, a unos 161 kilómetros al noroeste de Atlanta. El antiguo operador se declaró culpable de casi 800 cargos penales relacionados con el fraude y el abuso de cadáveres después de que se encontraran los cuerpos.
En Los Ángeles, las autoridades abrieron una investigación sobre la empresa Mark B. Allen Mortuary and Cremations Services Inc. tras recibir quejas de las familias. La funeraria, propiedad de Mark B. Allen, está ahora cerrada y los números de teléfono que figuraban en el negocio fueron desconectados.
No estaba claro de inmediato si Allen tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. Se enfrenta a 22 cargos por delitos menores – dos por cada persona – del Código de Salud y Seguridad del estado, donde uno de los estatutos hace que sea ilegal que alguien se deshaga de los restos humanos en cualquier lugar que no sea un cementerio. El segundo estatuto al que se enfrenta Allen es el de deshacerse de los restos de forma ilegal a través de su función como director de una funeraria. La pena máxima es de 110.000 dólares y 11 años de cárcel.