MADRID (AP) – España dio el miércoles un paso más hacia la normalidad en medio de la pandemia al poner fin parcialmente al uso obligatorio de mascarillas en interiores, que llevaba casi dos años.
El decreto gubernamental, aprobado el martes, mantiene la obligatoriedad de las mascarillas para los visitantes y el personal de los centros médicos y residencias de ancianos, aunque los pacientes no estarán siempre obligados a llevarlas.
Las máscaras también serán obligatorias en todos los medios de transporte público, pero no en las estaciones ni en los aeropuertos.
No está claro qué impacto tendrá el decreto en los lugares de trabajo, como oficinas de empresas públicas y privadas, bancos, fábricas y tiendas, ya que el gobierno deja que los empresarios decidan mantenerlas en uso si consideran que existe un riesgo para la salud.
A su vez, se recomiendan, pero no son obligatorias, en reuniones multitudinarias, en zonas abarrotadas o en presencia de personas vulnerables. Los colegios también están exentos de tener que usarlos.
Las mascarillas pasaron a ser obligatorias en interiores y exteriores poco después del inicio de la pandemia de COVID-19 en España a principios de 2020. La restricción para el uso en exteriores se levantó a mediados de 2021, pero se volvió a imponer entre diciembre y febrero en medio de un gran aumento de las infecciones de la variante omicron altamente contagiosa.
“La mascarilla sin duda ha sido una de las medidas más identificadas en los últimos dos años y ya no será obligatoria”, dijo el martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias. “Seguirán acompañándonos como un elemento de protección, sobre todo para los más vulnerables”.
Dado que más del 92% de los españoles mayores de 12 años han recibido al menos dos dosis de la vacuna y que el número de infecciones y muertes por coronavirus ha descendido notablemente en los últimos meses, España ha eliminado también el aislamiento domiciliario obligatorio para las personas infectadas por el virus que no presenten síntomas o sean leves.
La disminución de la pandemia se produce mientras los fiscales españoles dirigen su atención a posibles ilegalidades en la compra de mascarillas y otros productos médicos por parte de las autoridades en los críticos primeros meses del brote.
Dos de los casos más destacados implican a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.
Los fiscales del Estado están investigando a dos hombres que, según dicen, se embolsaron más de 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en comisiones vendiendo máscaras y otros productos al Ayuntamiento de Madrid a precios exorbitantes. Los fiscales dicen que los dos compraron coches de lujo, relojes e incluso un yate con el dinero.
Mientras tanto, los fiscales españoles y europeos también han estado investigando la compra de máscaras por parte del gobierno regional de Madrid en un acuerdo negociado por el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a cambio de una importante comisión.
En ambos casos, las autoridades afirman que actuaron de buena fe durante una emergencia nacional y que era extremadamente difícil obtener estos productos al principio de la pandemia.
Mientras tanto, analizando los libros de las principales ciudades españolas y de algunas instituciones importantes durante los tres primeros meses de la pandemia, el Tribunal de Cuentas de España ha descubierto que a menudo había diferencias exorbitantes en los precios pagados por las mascarillas y otros productos.