CIUDAD DE MÉXICO (AP) – El gobierno de México propuso el jueves una dramática revisión del sistema electoral de la nación y del organismo que lo supervisa, una de las instituciones más confiables del país. Reduciría el tamaño del Congreso y de las legislaturas estatales al tiempo que haría que la junta electoral federal fuera elegida por los votantes, añadiendo potencialmente un mayor grado de política a lo que ha sido un organismo independiente.
La propuesta también reduciría la financiación federal de los partidos políticos y el gasto en las elecciones en general, un objetivo repetido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a menudo se ha peleado con el Instituto Nacional Electoral.
Las propuestas presentadas por López Obrador y varios miembros de su gabinete crearían una nueva autoridad electoral federal para sustituir al instituto, además de eliminar organismos similares a nivel estatal.
“No hay intención de imponer un partido único”, dijo López Obrador. “Lo que queremos es que haya una verdadera democracia en el país y que se acaben los fraudes electorales… para dejar establecido un verdadero estado democrático”.
Pero el camino para lo que seguramente será un polémico paquete de reformas sería difícil. El partido de López Obrador y sus aliados no cuentan con la mayoría de dos tercios en el Congreso necesaria para realizar cambios constitucionales. Los principales partidos de la oposición ya han dicho que se oponen a tales cambios.
Otra de las grandes reformas constitucionales propuestas por el presidente, para reorganizar el sector energético, se quedó muy lejos de los votos necesarios la semana pasada.
López Obrador pareció reconocer que es poco probable que las reformas propuestas sean aprobadas. Pidió al Congreso que estudie cada elemento de la propuesta, lo haga público y luego decida. Dijo que es su responsabilidad presentarla “aunque no se apruebe”.
López Obrador lleva décadas luchando contra las autoridades electorales. Se considera víctima de un fraude electoral en múltiples ocasiones, aunque fue el Instituto Nacional Electoral el que confirmó su aplastante victoria presidencial en 2018.
Las propuestas reducirían el número de legisladores en la cámara baja del Congreso de 500 a 300 y de senadores de 128 a 96, al eliminar a los legisladores por acumulación. Éstos no son elegidos directamente por los votantes, sino que aparecen en las listas de los partidos y obtienen escaños en función de la proporción de votos de su partido.
Los partidos políticos sólo recibirían financiación pública durante las campañas y no anualmente, como ahora. Se suavizarían las normas que impiden a los funcionarios y organismos promocionar sus programas durante las campañas. Actualmente, incluso muchos sitios web del gobierno se desactivan durante las campañas.
El gobierno de López Obrador argumenta que los cambios ahorrarían a México 1,200 millones de dólares y permitirían a los ciudadanos seleccionar a personas honestas para las elecciones.
La idea de un voto popular para los funcionarios electorales ha sido criticada antes por los académicos que argumentan que las personas en esos puestos deben ser expertos y que dicen que podría conducir a un sesgo político en la forma en que se ejecutan las elecciones.
“Pensar que un electorado tan variado y tan desinformado tendría la capacidad de seleccionar a los miembros de los consejos electorales y a los magistrados es pura demagogia y pretensión”, dijo Clara Jusidman, fundadora de la organización no gubernamental Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social. Dijo que los que están en el poder orientarían a sus partidarios para que votaran por quien ellos quisieran.
Varias de las propuestas desharían o aflojarían las reformas que ayudaron a México a liberarse del dominio de un solo partido que duró desde 1929 hasta 2000.
Los legisladores por acumulación se crearon para dar a los partidos más pequeños representación en el Congreso -inicialmente en gran medida simbólica- en una época en la que el Partido Revolucionario Institucional tenía un férreo control de las elecciones y rara vez reconocía las victorias de la oposición.
El organismo electoral independiente fue creado por una serie de reformas en la década de 1990 tras la protesta pública por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 1988, que -como las anteriores- habían sido dirigidas por la Secretaría de Gobernación federal.
Esto contribuyó a la victoria del partido de la oposición en las elecciones presidenciales de 2000.