Amnistía: Los acreedores deben aliviar la deuda de Sri Lanka
COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Los acreedores internacionales deben proporcionar un alivio de la deuda a Sri Lanka para aliviar el sufrimiento de su población, que padece hambre, un empeoramiento de la pobreza y escasez de suministros básicos, dijo Amnistía Internacional en un comunicado el miércoles.
Desde hace meses, Sri Lanka está sumida en una grave crisis económica y el país ha dejado de pagar sus préstamos extranjeros. El gobierno está en conversaciones con sus acreedores para reestructurar su deuda externa total de más de 51.000 millones de dólares. Un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional para un paquete de ayuda de 2.900 millones de dólares depende de que otros acreedores den garantías sobre la reestructuración de los préstamos.
Los prestamistas deben garantizar que “sus responsabilidades en materia de derechos humanos y las obligaciones de Sri Lanka en materia de derechos humanos son fundamentales para cualquier compromiso futuro en torno a la deuda de Sri Lanka, incluida la reestructuración y los cambios en las condiciones de reembolso”, ha declarado Amnistía Internacional, con sede en Londres.
“Desde hace meses, la población de Sri Lanka sufre una grave escasez de alimentos y tiene dificultades para acceder a la atención médica, mientras que la altísima inflación ha exacerbado los patrones de desigualdad ya existentes”, ha declarado el grupo al hacer público su último informe sobre la nación del océano Índico.
Su título es “Estamos cerca del colapso total”.
A medida que las reservas de divisas de Sri Lanka disminuían, se agudizaba la escasez de productos básicos como el combustible, los medicamentos y el gas de cocina. El suministro de gas de cocina se restableció gracias a la ayuda del Banco Mundial, pero persiste la escasez de combustible, medicamentos críticos y algunos alimentos.
Amnistía instó a los dirigentes de Sri Lanka y a la comunidad internacional a salvaguardar los derechos humanos en la gestión de la crisis aumentando la ayuda internacional, garantizando una amplia protección social y considerando “todas las opciones para el alivio de la deuda, incluida su cancelación.”
“Las autoridades de Sri Lanka y la comunidad internacional deben actuar rápidamente para mitigar el coste generalizado de la crisis en materia de derechos humanos, que ha despojado cruelmente a la población del acceso a sus derechos”, afirmó Sanhita Ambast, investigadora del grupo sobre derechos económicos, sociales y culturales.
La crisis económica de la isla desencadenó protestas extraordinarias y una furia pública sin precedentes que acabó obligando a dimitir al presidente Gotabaya Rajapaksa y a su hermano, el ex primer ministro.
La pandemia y el aumento de los precios debido a la invasión rusa de Ucrania han agravado los problemas de Sri Lanka. Pero muchos en el país responsabilizan a la otrora poderosa familia Rajapaksa de haber gestionado gravemente la economía y de haberla llevado a la crisis.
El informe de Amnistía señala que, en junio, cerca del 11% de los hogares declararon no recibir ingresos, mientras que el 62% dijo que sus ingresos habían disminuido.
La inflación al consumidor se disparó hasta un récord de casi el 70% en septiembre, mientras que los precios de los alimentos casi se duplicaron, según las últimas estadísticas del gobierno.
Los rendimientos agrícolas se redujeron a más de la mitad en las dos últimas temporadas de cultivo debido a la suspensión de las importaciones de fertilizantes químicos, aparentemente para promover la agricultura ecológica.
Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 6 millones de personas – casi el 30% de la población de Sri Lanka – se enfrentan actualmente a la inseguridad alimentaria y necesitan ayuda humanitaria.